Por Natacha Pino

En medio de la crisis sanitaria, clases online, cursos y asignaturas reformuladas, estudiantes y docentes cansados de tantas horas de pantalla, los planteles universitarios deben buscar la fórmula para apoyar y sostener un año académico atípico y complejo. En este tiempo no solamente nos hemos preocupado de entregar planes de conectividad, facilitar computadores y tablets, prestar apoyo en salud mental, aportar con sus laboratorios, elaborar elementos de protección personal, postular proyectos de investigación COVID, generar capacitaciones e instancias de apoyo a la comunidad sino que, además, debemos buscar la fórmula que permita la sostenibilidad económica de la institució

Cuando comenzó la pandemia, las universidades se encontraban cerrando el segundo semestre del año 2019 que se vio fuertemente afectado por el movimiento social a propósito del estallido. Estudiantes movilizados, universidades paralizadas y en su conjunto, dentro de las demandas, pidiendo el fin de la PSU y un sistema de acceso más inclusivo, mayor acceso a la gratuidad, fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), entre otras demandas sociales.

Este periodo afectó a muchas de nuestras instituciones, debido al escenario en que se rindió la PSU, la incertidumbre respecto de las movilizaciones y el inicio de la pandemia. Miles de estudiantes decidieron no matricularse en los planteles este año 2020. Un poco más de 12 mil estudiantes dejaron de hacerlo en las universidades del CRUCH.

Si bien la situación descrita se traduce en ingresos menores que se dejan de percibir por concepto de matrícula y arancel, a ellos se les debe sumar los costos de implementación de los procesos formativos, debido a la emergencia sanitaria, lo que en total se estima en $160 mil millones de pesos, generando un fuerte impacto en las 30 casas de estudios que componen el Consejo de Rectores.

Fue en este complejo escenario que surgieron distintas acciones que no hacen más que poner en riesgo la sostenibilidad de los proyectos educativos, pero que evidentemente dejan ver un sistema de financiamiento que no da para más, basado en un sistema de vouchers, que visualiza la educación como un producto de mercado y que nos obliga a competir.

Luego, desde el Ejecutivo se plantea como una de las medidas para ayudar a la clase media la ampliación de los Créditos con Aval del Estado (CAE), sin duda una medida que significa más deuda para los estudiantes y sus familias. Desde las universidades propusimos, sin embargo, otras alternativas que no fueron consideradas, como ampliar la postulación a la gratuidad o no considerar este año para efectos de gratuidad y aumentar en un año su duración, debido a que muchas familias han visto mermada su situación económica.

Unas semanas después, el Ministerio de Educación rechazó nuestra solicitud de ampliar la interpretación restrictiva que se ha dado a la autorización para utilizar los excedentes del Fondo Solidario, así como las opciones de uso para esos recursos, con el objeto de poder solventar gastos asociados al manejo de la pandemia y disponer de un mecanismo que permita enfrentar esos déficits sin tener que acceder a nuevos recursos públicos.

Como si eso no fuera suficiente, planteó como condición la posibilidad de entregar una parte importante de los recursos de los Fondos Solidarios en créditos blandos a instituciones de educación superior privadas, principalmente aquellas no adscritas a gratuidad.

Actualmente, todas las universidades pertenecientes al CRUCH, nos encontramos argumentando desde nuestras propias realidades por qué es necesario retrasar la implementación del arancel regulado, según se indica en el artículo 92° de la Ley 21.091, cuyo proceso de diseño no contempló mayor consulta a las universidades, ni distingue entre los distintos tipos de instituciones y mucho menos incorpora variables de regionalidad. Una vez más todas nuestras instituciones estamos en el mismo saco compitiendo por los “vales de canje”, intentando capturar mayor matrícula.

Lo anterior se contrapone a la contribución que realizamos aportando desde diversos ámbitos: docencia e investigación de pre y postgrado, creación, cultura, innovación, vinculación con el medio y con sus territorios, generando empleo y aportando con infraestructura disponible. Parece lógico pensar que el costo y financiamiento de todo esto no debe recaer en nuestros estudiantes pagando un arancel, debe ser el Estado quien se haga cargo, considerando a sus universidades como un actor estratégico para el desarrollo del país, avanzando de esta manera hacia un nuevo sistema de financiamiento que al día de hoy se hace prioritario. Un sistema colaborativo, regulado y que aporte a la construcción de una sociedad más consciente de su entorno y sus habitantes.

Fuente:

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/09/09/pandemia-y-financiamiento-de-la-educacion-superior/