Publicado: 30 septiembre 2025 a las 4:00 pm
Categorías: Artículos
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Por José Luis Fernández
La primera barrera con la que tropiezan muchos jóvenes migrantes es la tramitación administrativa y la irregularidad de la situación legal. Aunque la ley española garantiza el acceso a la educación básica, en la práctica la falta de documentación (certificados de empadronamiento, documentación de identidad o expedientes académicos del país de origen) complica la matrícula, sobre todo cuando se llega fuera de los plazos estándar o se pretende acceder a niveles no obligatorios.
Además, la situación migratoria condiciona la capacidad de solicitar becas, de trabajar para costear estudios o de renovar permisos que faciliten la continuidad formativa. Organizaciones que trabajan con refugiados y migrantes denuncian que, pese a los marcos legales, los trámites, la variación entre comunidades autónomas y la falta de información clara hacen que el derecho a la educación no siempre se convierta en un acceso real.
Muy ligada a lo anterior está la dificultad del reconocimiento y la convalidación de estudios previos. Muchos jóvenes llegan con trayectorias escolares interrumpidas o con certificados que no coinciden con los requisitos formales del sistema español; validar, homologar o incluso traducir títulos es costoso en tiempo y recursos y, con frecuencia, conduce a la repetición de asignaturas o la pérdida de cursos ya completados.
Esto genera desmotivación y, en algunos casos, empuja a optar por itinerarios formativos de menor calidad o por la salida precoz del sistema educativo. Los centros educativos y los servicios de orientación no siempre disponen de protocolos rápidos para acortar ese desfase.
El idioma es otra traba central y transversal: aprender español —o en algunas comunidades, adaptarse también a la lengua cooficial (catalán, euskera, gallego…)— exige apoyos específicos que no siempre están presentes. La incorporación a grupos ordinarios sin refuerzo lingüístico suficiente provoca que los alumnos migrantes se queden relegados en comprensión de contenidos, participación y evaluación. Aunque existen programas de acogida y aulas de acogida en muchas comunidades, su cobertura es desigual y su duración a menudo insuficiente para lograr un dominio que permita rendir académicamente al mismo ritmo que el alumnado nativo.
Otra cara del problema es la precariedad socioeconómica de muchas familias migrantes. El coste de libros, transporte, material, comedor o actividades complementarias pesa de forma desproporcionada en hogares con ingresos bajos o empleos inestables. Esa presión económica obliga a muchos jóvenes a compatibilizar estudios y empleo —con jornadas largas y trabajos informales— o a priorizar el trabajo sobre la continuidad escolar. Las desigualdades materiales se traducen en menor acceso a recursos digitales, a espacios de estudio adecuados y a apoyos extracurriculares (refuerzo, academias, inglés), todo lo cual empobrece las oportunidades educativas.
Por si fuera poco, la salud mental y las secuelas del trauma son problemas muy frecuentes entre jóvenes que han vivido desplazamientos forzosos, violencia o condiciones extremas en el tránsito. Ansiedad, insomnio, problemas de atención y depresión interfieren directamente con la capacidad de aprendizaje y la asistencia regular.
Además, el sistema de atención a la salud mental infantil y juvenil está tensionado: listas de espera, escasez de especialistas y recursos heterogéneos entre comunidades dificultan la detección y el tratamiento precoz. La ausencia de servicios integrados entre salud y escuela deja a muchos jóvenes sin acompañamiento terapéutico que favorezca su estabilidad académica.
El racismo, la xenofobia y el acoso escolar incrementan la vulnerabilidad de estos estudiantes. No son raros los episodios de discriminación —directa o microagresiones— en el aula, en el recreo o en el vecindario, lo que conspira contra la autoestima y la sensación de pertenencia. Los protocolos de convivencia escolar y de atención a la diversidad existen, pero su aplicación efectiva varía mucho por centro y por comunidad.
Las experiencias de exclusión social repercuten en la asistencia, el rendimiento y la probabilidad de abandono. En paralelo, el estigma hacia menores no acompañados o hacia familias en situación irregular agrava la marginación institucional.
De igual modo, la fragmentación de políticas entre comunidades autónomas es un factor estructural que complica el acompañamiento educativo. España no tiene un único circuito homogéneo de acogida educativa: las competencias transferidas introducen variaciones en programas de refuerzo lingüístico, en la gestión de aulas de acogida, en ayudas económicas o en plazas de apoyo socioeducativo.
Esto implica que un joven migrante puede encontrar recursos amplios en una comunidad y escasa atención en otra, condicionando su itinerario académico y su posibilidad real de integración. El mosaico normativo y presupuestario hace difícil diseñar estrategias nacionales coherentes de inclusión educativa.
Un capítulo específico y preocupante es el de los jóvenes tutelados y extutelados: quienes han estado bajo la tutela de la administración y alcanzan la mayoría de edad frecuentemente pierden acompañamiento, vivienda y apoyo formativo de forma abrupta. La transición a la vida adulta suele coincidir con la necesidad de finalizar estudios o buscar empleo, y la falta de programas de transición sólidos provoca rupturas educativas y caídas en la precariedad. Las ONG han documentado casos donde el abrupto fin de la tutela deriva en abandono formativo, empleo informal o incluso situaciones de exclusión severa.
A esto se suma la insuficiente orientación educativa y profesional adaptada a la realidad migrante. Los servicios de orientación en centros no siempre tienen formación específica para detectar itinerarios realistas (convalidaciones posibles, acceso a FP dual, ayudas específicas) ni redes con entidades que faciliten prácticas laborales o aprendizaje contextualizado.
Con frecuencia, la información sobre becas, ayudas al transporte o convocatorias se pierde en un laberinto burocrático, y sin tutorías intensivas los jóvenes no logran trazar un proyecto formativo sostenible. Esto repercute especialmente cuando se trata de decidir entre formación profesional y universidad: la falta de información sesga decisiones hacia salidas precipitadas.
Otra dificultad menos visible pero decisiva es la brecha digital y la desconexión informacional. El aprendizaje remoto, los trámites online y las plataformas educativas requieren dispositivos y conectividad adecuados. Familias con recursos limitados o con baja alfabetización digital ven cómo sus hijos pierden estos apoyos, y los estudiantes se enfrentan a la frustración del rezago tecnológico. Además, la información sobre derechos educativos, cómo matricularse, o de qué servicios sociales disponen, a menudo no llega en formatos comprensibles ni en lenguas accesibles para las comunidades migrantes.
Finalmente, conviene subrayar la carencia de recursos escolares especializados y de formación del profesorado para una atención efectiva a la diversidad cultural y lingüística. La inclusión exige docentes formados en pedagogías de lengua adicional, mediación intercultural, detección de trauma y adaptación curricular.
Aunque hay centros y programas ejemplares, la realidad es que muchos docentes se sienten mal preparados y el sistema docente carece de una política de formación en cascada que normalice estas competencias. Sin personal y recursos adecuados —intérpretes, mediadores culturales, equipos socioeducativos— los esfuerzos individuales no alcanzan para cubrir las necesidades grupales.
Pese a estas dificultades, existen buenas prácticas y vías de mejora que se están consolidando: bancos de libros, programas de mentoría entre iguales, aulas de acogida bien dotadas, convenios con entidades sociales para la formación y el empleo, y proyectos municipales o de ONG que ofrecen acompañamiento integral (lengua, empleo, salud mental).
Las recomendaciones que emergen de los informes y ONG son claras: simplificar trámites administrativos y unificar criterios entre comunidades; reforzar el aprendizaje del idioma con programas intensivos; garantizar apoyos socioeconómicos y becas adaptadas; articular la transición de los extutelados con itinerarios formativos y vivienda; formar a docentes en atención a la diversidad; y coordinar salud mental escolar con atención especializada para jóvenes con trauma.
En definitiva, estudiar en España cuando se es joven migrante no depende solo de la voluntad del alumno, es el resultado de un entramado de factores administrativos, lingüísticos, económicos, sanitarios y culturales. Las soluciones requieren políticas públicas coordinadas —entre educación, servicios sociales, salud y vivienda— y una inversión sostenida en recursos humanos y materiales en los centros educativos. Mientras esa aproximación no se generalice, el derecho formal a la educación seguirá chocando con la realidad de la exclusión práctica para demasiados jóvenes.
En este marco, Fad Juventud acaba de alertar sobre la estigmatización de jóvenes migrantes que llegan a España. Según el Observatorio de la Juventud en España, el 16,6 % de la población joven (15–29 años) ha nacido en otro país. Es decir, más de 1.269.000 jóvenes que viven, estudian, trabajan y forman parte del tejido social, económico y cultural del país.
A pesar de ello, muchos siguen afrontando dificultades añadidas para sentirse plenamente parte de la sociedad. La precariedad laboral de sus familias, los procesos administrativos complejos o los prejuicios cotidianos suponen un freno a sus aspiraciones y bienestar. En los últimos meses, algunos municipios han sido escenario de tensiones en torno a la convivencia, como ha ocurrido en Torre Pacheco (Murcia), donde la presencia de población migrante ha sido instrumentalizada por discursos que buscan fomentar el miedo y la división.
Este tipo de episodios ponen de manifiesto que los prejuicios no son solo ideas, sino que pueden traducirse en rechazo social, estigmatización y conflictividad. Recordar la importancia de una sociedad diversa, cohesionada y basada en el respeto mutuo es hoy más necesario que nunca.
“La juventud migrante forma parte del presente de nuestro país. No se trata solo de incluirla, sino de reconocerla plenamente y garantizar su igualdad real de derechos y oportunidades. Además, la migración de jóvenes a España es una fuerza positiva clave para el desarrollo del país. Contribuyen a rejuvenecer la población y cubrir necesidades del mercado laboral en sectores esenciales, ayudando así a sostener el sistema económico y social. Su diversidad cultural enriquece la vida colectiva, fomenta la convivencia intercultural y fortalece una sociedad más abierta e innovadora”, afirma Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud. “Es urgente reforzar una cultura de convivencia, especialmente en un momento en el que los discursos excluyentes tratan de ganar terreno entre las personas más jóvenes.”
Las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios para la difusión del discurso de odio. Prácticamente la mitad de los y las jóvenes (49,8 %) ha presenciado burlas o insultos racistas en entornos digitales. Este tipo de expresiones forman parte de una violencia simbólica que, a través del lenguaje, refuerza estereotipos, amplifica prejuicios y alimenta un clima social que legitima la discriminación.
Además, el 60,4 % de los jóvenes culpa a ciertos medios de comunicación por la imagen que proyectan de la inmigración, y un 49,7 % señala a los partidos de extrema derecha como responsables de la propagación de discursos xenófobos. La desinformación, las noticias falsas y la manipulación en redes se han convertido en un caldo de cultivo para estos mensajes excluyentes, especialmente dirigidos a los y las más jóvenes.
Según el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 2.268 incidentes y delitos de odio en España, de los cuales 856 (el 37,4 %) estuvieron motivados por el racismo o la xenofobia. En 2024, esta cifra se redujo un 13,8 %, situándose en 1.955 infracciones penales e incidentes de odio investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, y a pesar de estos datos, existe una gran cifra oculta por infradenuncia. Solo 1 de cada 10 víctimas denuncia.
Fuente: https://exitoeducativo.net/las-dificultades-de-los-menores-migrantes-para-estudiar-en-espana/
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