Dado que el puntaje máximo de la prueba es de 500 puntos, tampoco resulta satisfactorio el resultado del nivel 4, que es apenas el 60% de lo que se esperaría al concluir el bachillerato. A esto hay que añadir que la población clasificada en este nivel es apenas el 11% de los jóvenes evaluados. Esto permite preguntar qué posibilidades tendrán de ingresar a universidades públicas de buena calidad quienes tienen puntajes inferiores a 250 puntos, que son más más del 50%, compitiendo por escasos cupos que son asignados a quienes obtienen los mejores resultados tanto en las pruebas Saber 11 como en las que administran las propias universidades. La Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, admitió cerca de 5.000 estudiantes para el primer semestre de 2024, de un número aproximado de 51.375 aspirantes. Esto se repite en proporciones parecidas en las universidades públicas importantes, a las cuales llegan finalmente los jóvenes con mejores condiciones académicas, que en muchos casos provienen de los niveles socioeconómicos con menos limitaciones. En muchos casos las familias han hecho esfuerzos adicionales para que sus hijos asistan a colegios privados, con la idea de que así mejoran las oportunidades de acceso a educación de buena calidad.

Aunque la brecha entre la educación oficial y la no oficial se redujo de 31 a 29 puntos en el promedio global, sigue siendo muy importante, especialmente si se tiene en cuenta que educación privada no significa necesariamente una gran distancia en las condiciones socioeconómicas de las familias, pues esta modalidad educativa existe asociada a todos los niveles sociales. También la brecha entre la educación rural y la urbana se mantiene en 25 puntos, lo que muestra la incapacidad que ha tenido el país para hacer de la educación básica una herramienta eficaz de equidad social.

Problemas y soluciones

Entre las causas de la mala calidad de la educación se suelen mencionar desde hace décadas las siguientes:

• Déficit en la formación y remuneración de los maestros
• Problemas de nutrición de los estudiantes
• Deficiencia en la infraestructura y el equipamiento escolar
• Atraso en los modelos pedagógicos
• Dificultades en los procesos de gestión nacional y local

Frente a este diagnóstico los gobiernos del último cuarto de siglo han generado propuestas y proyectos muy variados, con énfasis muy claro en el aumento de cobertura, la formación y remuneración del profesorado y los programas de bienestar estudiantil, en especial la alimentación.

Entre 2013 y 2024, el presupuesto para educación en Colombia se incrementó en más del 180%, al pasar de $24,8 billones a más de $70 billones. Estos incrementos presupuestales a lo largo del período han sido dirigidos a diversas áreas clave del sector educativo, incluidas​ infraestructura educativa, formación docente, ampliación de cobertura, alimentación escolar (PAE) y política de gratuidad para la educación superior pública.

En lo que corresponde al magisterio, la fundación Empresarios por la Educación realizó una encuesta en el segundo semestre de 2024 a 4.528 docentes y directivos de los colegios oficiales del país. Lo que más se destaca es el importante progreso en las condiciones laborales, salariales y sociales conseguido en las últimas décadas, que, unido al nivel de calificación académica, lo hace un grupo profesional de primer nivel. Según los datos, cerca del 45% de los maestros y el 32% de los directivos tienen una formación de posgrado (especialización, maestría o doctorado) y quienes no tienen título profesional no superan el 2%. El nivel de ingreso del 64% está entre tres y siete millones de pesos mensuales, y el 31% reciben entre cinco y catorce millones por mes, dependiendo de su nivel de estudios y su categoría en el escalafón. Según las categorías del DANE, el primer grupo hace parte de la clase media, mientras el segundo pertenece a la clase alta por su nivel de ingresos. En el grupo de los directivos, el 61% pertenece a la clase alta. Es importante recordar que la encuesta cubre los sectores rural y urbano. Tanto docentes como directivos declaran, por encima del 90%, sentirse valorados por sus estudiantes, compañeros y por la comunidad, y más del 95% dicen estar muy satisfechos con su profesión.

Esta no es la imagen que se suele proyectar desde las organizaciones gremiales que insisten en presentar a los educadores como trabajadores marginales, siempre maltratados, mal pagados y urgidos de reconocimiento social. Si bien esa fue la realidad hace unas décadas, es importante reconocer los avances conseguidos tanto por las luchas sindicales como por la convicción de muchos sectores de la sociedad que saben que sin buenos maestros no es posible tener buena educación. Hay un punto de la encuesta, sin embargo, que deja muchas preocupaciones, pues al indagar por la calidad la mayoría se muestran muy satisfechos, lo que descubre un gran conformismo, acompañado por una perpetua búsqueda de nuevos beneficios laborales sin ningún compromiso de resultados en materia tan grave como el futuro de generaciones enteras.

Conclusión elemental

Estos datos, que son una mínima fracción de toda la información disponible, muestran que el aumento de los presupuestos, de los salarios de los educadores y de la infraestructura son necesarios, pero de ninguna manera resuelven el problema de fondo que es una cultura política incapaz de reconocer que no habrá cambios profundos en la sociedad si no hay un alto nivel de exigencia en los resultados. El gobierno actual no ha movido un dedo en favor de las clases más pobres. Por el contrario, queriendo congraciarse con las agremiaciones sindicales ha reducido aún más el tiempo presencial de los maestros en los colegios, lo que aniquila cualquier posibilidad de ampliación de las jornadas escolares, reduce las oportunidades de trabajo en equipo y hace prácticamente imposibles los procesos de innovación y transformación pedagógica que antes que recortes necesitan tiempos adicionales.

Parecería que se trata de un plan bien concebido para perpetuar la pobreza individual y colectiva con discursos altisonantes sobre derechos fundamentales, gratuidad, promesas de nuevas universidades, pero sin herramientas reales que faciliten el progreso de niños y jóvenes, su efectivo acceso a la educación superior y la oportunidad de acceso a los beneficios que provienen del conocimiento y la cultura. Los líderes sindicales aparecen, entonces, no como representantes de los intereses de la clase trabajadora y defensores de la educación pública, sino como cómplices de un sistema que ha concentrado en una muy pequeña minoría el privilegio de una buena educación.