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Latin American Female"]

Por Cristina Bazan

Marta tenía 11 años cuando su padre la violó en su natal Guatemala, una agresión sexual por la que quedó embarazada, y por la que nunca, pese a que su vida corría peligro, pudo acceder a un aborto terapéutico ni recibir justicia. Su caso es uno de los miles que anualmente se registran en el país centroamericano y que ponen en evidencia la “respuesta fallida” de los gobiernos frente a esta realidad.

Así lo asegura la organización Human Rights Watch (HRW), que acaba de publicar el informe Forzadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala, en el que detalla que el país no ha logrado “prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica, y los embarazos forzados resultantes en niñas menores de 14 años”.

En la investigación, HRW documenta las múltiples barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia, lo que impide a estas menores, entre las que está Marta, seguir con sus sueños.

“La falta de acciones adecuadas por parte de Guatemala para prevenir y erradicar la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas puede tener consecuencias que ponen en riesgo la vida, incluidos daños a su salud física y mental, además de afectar profundamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”, dice Cristina Quijano, investigadora de derechos de las mujeres en Human Rights Watch.

La realidad de las niñas víctimas de violencia sexual

HRW señala que la violencia sexual en Guatemala es “generalizada y sistémica”, pero tiene un impacto diferenciado en niñas menores de 14 años.

En este país, las cifras son alarmantes. Las niñas fueron las víctimas en el 90 % de los casos de violencia sexual contra menores de 15 años o menos denunciados a la Policía Nacional Civil de enero de 2018 a junio de 2023, 88 % de los peritajes por delito sexual o embarazo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses entre enero de 2018 y junio de 2024, así como el 70 % de pacientes tratadas por abuso sexual en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social entre enero de 2018 y junio de 2023, según datos publicados en el informe.

Producto de esas violaciones, miles de niñas quedan embarazadas y son forzadas a llevar una maternidad no deseada, lo que trunca sus sueños debido a las “ineficaces” medidas que han sido impulsadas por los gobiernos y el nulo acceso a una justicia restaurativa.

Según el Registro Nacional de las Personas (Renap), entre 2018 y 2024, 14.696 niñas de 14 años y menores dieron a luz y se convirtieron en madres.

“Los embarazos forzados y tempranos pueden tener consecuencias potencialmente mortales, incluyendo riesgos a la salud física y mental de las niñas. Asimismo, afectan profundamente el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales”, dice la ONG.

El acceso de las niñas a servicios de salud es “limitado”, incluyendo la anticoncepción de emergencia y la atención prenatal, intraparto y postnatal. Además, a menudo no son informadas sobre su derecho a obtener un aborto terapéutico, una opción que es legal en el país cuando la vida de la persona embarazada está en riesgo.

HRW recomienda a las autoridades legislativas de Guatemala despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, con énfasis en casos de violación e incesto o inviabilidad fetal, y eliminar las medidas punitivas para las mujeres y niñas que accedan a este servicio de salud.

“Forzadas a renunciar a sus sueños” en Guatemala

Tras ser forzadas a seguir con un embarazo no deseado, las niñas se enfrentan a un sinnúmero de obstáculos para retomar su vida, como volver a la escuela.

A muchas embarazadas se le niega su derecho a la educación, una medida que reduce significativamente el potencial de ingreso de quienes viven en condiciones de pobreza y marginación social.

Los programas gubernamentales también son insuficientes para garantizar el acceso a programas de seguridad social, señala HRW. Entre enero y junio de 2024, solo 129 niñas fueron inscritas en el programa ‘Vida’ que da asistencia social y financiera a embarazadas menores de 14 años, a pesar de que 1,953 niñas de 14 años y menores dieron a luz en ese mismo año.

En el mismo sentido, el camino para obtener justicia para las niñas sobrevivientes de violencia sexual “está lleno de barreras”.

“Una psicóloga de una organización de la sociedad civil que trabaja con niñas sobrevivientes de violencia sexual dijo a Human Rights Watch que el proceso judicial es ‘tortuoso, largo y desgastante’, lo que ocasiona que muchas niñas sean revictimizadas y abandonen sus casos”, dice la investigación.

Pese a la magnitud de la violencia, de los 14.696 nacimientos que se registraron en niñas menores de 14 años entre 2018 y 2024, solo se han registrado 136 autos de procesamiento entre enero de 2018 y septiembre de 2023 y 102 condenas en todo el país entre enero de 2018 y octubre de 2023.

La ONG señala que sin reformas significativas, que prioricen este tema, aumenten los recursos de los programas de acompañamiento existentes y del sistema de salud y reduzcan las barreras para acceder a ellos, estableciendo servicios especializados, fortaleciendo la aplicación de leyes vigentes y aplicando políticas más inclusivas, las niñas en Guatemala seguirán enfrentando “barreras insuperables para ejercer sus derechos”.

Fuente: https://efeminista.com/realidad-ninas-violencia-sexual-guatemala/