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Estados Unidos, 17 de Marzo de 2025, Por: José Luis Fernández, https://exitoeducativo.net

Donald Trump. Fuente: The New York Time.

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de EE.UU. Ha abierto investigaciones a 45 universidades, entre las que se encuentran las prestigiosas Berkeley, Yale o MIT, bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, tras la Carta a los Colegas (DCL) de la OCR del 14 de febrero, que reiteró la obligación de las instituciones en materia de derechos civiles de erradicar el uso de preferencias y estereotipos raciales en los programas y actividades educativas sobre estudiantes.

Las investigaciones se producen en medio de acusaciones de que estas instituciones han violado el Título VI de la Ley de Derechos Civiles (1964) al asociarse con «The Ph.D. Project«, una organización que pretende brindar a los estudiantes de doctorado información sobre cómo obtener un doctorado y oportunidades de networking, pero que, según informa el Departamento de Educación, limita la elegibilidad en función de la raza de los participantes.

La OCR también está investigando a seis universidades por supuestamente otorgar becas inadmisibles basadas en la raza y a una universidad por supuestamente administrar un programa que segrega a los estudiantes en función de la raza.

El Departamento, según informa en un comunicado, está trabajando para reorientar la aplicación de los derechos civiles y garantizar que todos los estudiantes estén protegidos contra la discriminación ilegal. La agencia ya ha iniciado investigaciones del Título VI en instituciones donde se ha reportado acoso antisemita generalizado e investigaciones del Título IX en entidades que presuntamente continúan permitiendo la discriminación sexual.

“El anuncio refuerza nuestros esfuerzos para garantizar que las universidades no discriminen a sus estudiantes por motivos de raza y estereotipos raciales”, declaró la Secretaria de Educación de EE. UU., Linda McMahon, quien recordó que los estudiantes “deben ser evaluados según sus méritos y logros, no prejuzgados por el color de su piel. No cederemos en este compromiso”.

Las universidades que ahora están bajo investigación por presuntamente participar en prácticas de exclusión racial en sus programas de posgrado son la Universidad Estatal de Arizona – Campus principal, Universidad Estatal de Boise, Cal Poly Humboldt, Universidad Estatal de California – San Bernadino , Universidad Carnegie Mellon, Universidad de Clemson, Universidad de Cornell, Universidad de Duke, Universidad Emory, Universidad George Mason, Universidad de Georgetown, Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Universidad Estatal de Montana-Bozeman, Universidad de Nueva York (NYU), Universidad Rice, Universidad Rutgers, Universidad Estatal de Ohio – Campus principal, Universidad de Towson, Universidad de Tulane, Universidad de Arkansas – Fayetteville, Universidad de California-Berkeley, Universidad de Chicago, Universidad de Cincinnati – Campus principal, Universidad de Colorado – Colorado Spring, Universidad de Delaware, Universidad de Kansas, Universidad de Kentucky, Universidad de Michigan-Ann Arbor, Universidad de Minnesota-Ciudades Gemelas, Universidad de Nebraska en Omaha, Universidad de Nuevo México – Campus principal, Universidad de Dakota del Norte – Campus principal, Universidad del Norte de Texas – Denton, Universidad de Notre Dame, Universidad de Nevada – Las Vegas, Universidad de Oregón, Universidad de Rhode Island, Universidad de Utah, Universidad de Washington-Seattle, Universidad de Wisconsin-Madison, Universidad de Wyoming, Universidad de Vanderbilt, Universidad Estatal de Washington, Universidad de Washington en San Luis y Universidad de Yale.

Por su parte, las escuelas que están bajo investigación por supuestas becas inadmisibles basadas en la raza y segregación racial son la Universidad Estatal de Grand Valley, Colegio de Ítaca, Colegio de Optometría de Nueva Inglaterra, Universidad de Alabama, Universidad de Minnesota, Twin Cities, Universidad del Sur de Florida, y Facultad de Medicina Comunitaria de la Universidad de Oklahoma, Tulsa.

El 14 de febrero, la OCR envió una Carta a los Colegas a las instituciones educativas que reciben fondos federales, aclarando que, de conformidad con la ley federal antidiscriminación, deben dejar de usar las preferencias y estereotipos raciales como factor en sus procesos de admisión, contratación, ascensos, compensación, becas, premios, apoyo administrativo, sanciones, medidas disciplinarias y otros programas y actividades. El 1 de marzo, el Departamento publicó una sección de preguntas frecuentes para anticipar y responder las preguntas que pudieran haber surgido en respuesta a la DCL.

Estas investigaciones de la OCR se llevan a cabo de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles (1964), que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en programas y actividades educativas que reciben financiación federal. El incumplimiento del Título VI por parte de las instituciones puede resultar en la pérdida de fondos federales.

Las escuelas públicas, en el foco

No acaba ahí la cosa. El Departamento de Educación también investigará a las escuelas públicas de Washington D. C. por denuncias de discriminación por discapacidad. La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de EE. UU. envió hace unos días una carta al Canciller Lewis Ferebee de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) iniciando una investigación dirigida para evaluar si el distrito no está satisfaciendo las necesidades de los estudiantes con necesidades especiales o discapacidades.

“El Departamento de Educación tiene la solemne responsabilidad de proteger a todos los estudiantes de la discriminación, especialmente a los más vulnerables”, declaró la Secretaria de Educación de EE. UU., Linda McMahon. “Nos aseguraremos de que las escuelas cumplan con su compromiso de brindar a todos los estudiantes igualdad de acceso a las oportunidades educativas y de no imponer cargas innecesarias a las familias para que luchen por los servicios de educación especial para sus hijos, a los que tienen derecho por ley”, dijo.

En diciembre de 2024, el Comité Asesor del Distrito de Columbia para la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos encontró que el distrito escolar había recibido más quejas por cada 10.000 estudiantes en el área de educación especial que cualquier otro estado o territorio en los Estados Unidos. El informe determinó que el sistema de resolución de disputas de DCPS coloca la carga de acceder a los servicios de educación especial en los estudiantes y sus familias y la «alta tasa de quejas del debido proceso justifica una atención seria para explorar por qué las familias están demandando por los servicios a los que tienen derecho».

El informe también detalló preocupaciones significativas sobre el transporte de DCPS para estudiantes de educación especial, incluyendo largas demoras, horarios poco confiables y supervisión laxa. La OCR investigará si DCPS está discriminando a personas calificadas con discapacidades o necesidades especiales en programas y actividades que reciben ayuda financiera federal bajo el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación de 1973.

Recortes en Educación

Se conoce la decisión del Departamento de Educación pocos días después de anunciar una reducción de personal (RIF) que afecta a casi el 50% de su plantilla. El personal afectado será puesto en licencia administrativa a partir del viernes 21 de marzo.

“La reducción de personal refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a quienes más importan: estudiantes, padres y maestros”, declaró la Secretaria de Educación, Linda McMahon, quiebn agradeció la labor de los «dedicados servidores públicos» y sus contribuciones al Departamento. Este es un paso significativo para restaurar la excelencia del sistema educativo de Estados Unidos”.

El Departamento de Educación, aseguró no obstante, seguirá cumpliendo con todos los programas legales que son competencia de la agencia, incluidos la financiación por fórmula, los préstamos estudiantiles, las Becas Pell, la financiación para estudiantes con necesidades especiales y las subvenciones competitivas.

Todas las divisiones dentro del Departamento se verán afectadas por la reducción, y algunas divisiones requerirán una reorganización significativa para servir mejor a los estudiantes, padres, educadores y contribuyentes.

Cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo, la plantilla del Departamento contaba con 4.133 trabajadores. Tras las nuevas medidas, la plantilla del Departamento ascenderá a aproximadamente 2.183 trabajadores. En la reducción de personal se incluyen casi 600 empleados que aceptaron renuncias voluntarias y jubilaciones durante las últimas siete semanas, entre ellos 259 empleados se acogieron al Programa de Renuncia Diferida y 313 empleados aceptaron el Pago de Incentivo por Separación Voluntaria.

Los empleados restantes afectados por la reducción de personal serán puestos en licencia administrativa a partir del próximo viernes 21 de marzo. De conformidad con los requisitos reglamentarios y el convenio colectivo de trabajo del Departamento, todos los empleados afectados recibirán el salario completo y los beneficios hasta el 9 de junio, así como una indemnización por despido sustancial o beneficios de jubilación según su antigüedad.

Fuente: https://exitoeducativo.net/la-oficina-de-derechos-civiles-investiga-si-universidades-estadounidenses-discriminan-a-estudiantes-blancos/