Publicado: 14 julio 2024 a las 2:26 pm
Categorías: Noticias América
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Ecuador/14 de Julio 2024/ Por: Ane Amondarain/Fuente: https://efeminista.com/
Código rojo es una iniciativa que registra las violaciones de derechos humanos contra mujeres en situación de prostitución en Ecuador, como violencia física, psicológica, económica y también institucional, consecuencia de la desprotección que enfrentan estas mujeres por parte del sistema policial y judicial cuando acuden a interponer denuncias.
“Queremos demostrar al Estado la vulneración de derechos hacia esta población, pero también incidir con estos datos en las políticas públicas y en las leyes”, explica en una entrevista con Efeminista Karina Bravo, coordinadora regional de la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (Plaperts), la organización paraguas que agrupa a diversas entidades en América Latina y que está detrás de este proyecto.
La violencia más extrema que sufren estas mujeres en Ecuador es el asesinato. Desde 2002 a 2023, se han registrado 68, aunque organizaciones de derechos humanos reconocen que hay un subregistro dado que muchas familias no reconocen que sus allegadas estaban en situación de prostitución.
Esta iniciativa piloto, impulsada en colaboración con la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave, y financiada por el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, también se implementará en las próximas semanas en Perú y El Salvador. Plaperts aspira a extenderlo a quice países.
El objetivo final es realizar un informe regional para presentarlo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) y llegar a un juicio que reconozca la situación de vulnerabilidad y violencia a la que están expuestas las personas en situación de prostitución, en su mayoría, mujeres cisgénero y, en segundo lugar, mujeres trans, matiza Bravo.
“Vamos a incidir para que los casos de vulneración de derechos de las personas que hacemos trabajo sexual no se queden así porque muchas denunciamos pero no pasa absolutamente nada, no hay ni una investigación, ni una sanción”, denuncia la coordinadora de Plaperts al señalar la impunidad de los agresores en los sistemas policial y judicial.
La representante de las mujeres en situación de prostitución en el centro histórico de Quito, Nelly Hernández, también entrevistada por Efeminista, aplaude la iniciativa y denuncia la impunidad de los agresores y la inacción del Estado ecuatoriano ante las múltiples violencias que enfrentan estas mujeres.
“El Estado es el cómplice encubridor de todo lo que ha pasado en el trabajo sexual”, sentencia Hernández, quien incide en que las instituciones públicas son “las causantes de todas estas violencias históricas “.
El 79 % de las mujeres en situación de prostitución están expuestas a una “condición laboral precaria, informal y sin reconocimiento ni apoyo estatal”, según el informe Situación de las mujeres y personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador, elaborado en 2023 por la ONG Care, con la participación de Plaperts.
La coordinadora regional de Plaperts apunta que la violencia psicológica, física y la discriminación son las que más sufren.
Además, esta realidad se ha recrudecido desde la covid-19, señala Bravo, al recordar el aumento de feminicidios en esa etapa.
El estigma permite vincular a estas mujeres con el narcotráfico y el crimen organizado, y el aumento de la inseguridad en Ecuador les afecta de manera desproporcionada, según Bravo.
En muchos casos, las bandas criminales “se apoderan de los espacios […] queriéndoles cobrar vacunas (cupos de dinero exigidos bajo extorsión) y les chantajean de diferentes formas”. “Inclusive, les obligan a vender droga si no quieren pagar la vacuna”, anota Bravo.
“Cuando las compañeras se niegan, son asesinadas; te acoges a lo que ellos quieren o te matan”, sentencia.
Hernández incide en que muchas de las mujeres que encuentran en las calles son de avanzada edad, “con enfermedades catastróficas, algunas con VIH o compañeras que lamentablemente han sido abruptamente desalojadas de su núcleo familiar debido al estigma y la discriminación”, asegura. “Ellas están en la calle a la intemperie”, afirma la representante.
“Cuando las mujeres están pasadas de una edad, de peso, y ya no generan los mismos ingresos, terminan siendo desahuciadas de los locales. Al no tener un ingreso, una jubilación digna o no haber tenido oportunidades de créditos, lamentablemente terminan en la indigencia”, agrega.
De acuerdo con un informe de 2023 de la Secretaría de Inclusión Social de Quito, que incluye encuestas a 266 mujeres, el 73,7 % de ellas reconoce que ingresa a la prostitución “por voluntad propia”.
Aunque este estudio también evidencia que detrás de estas decisiones hay condiciones sociales y económicas complejas que conducen a muchas personas a esta situación: el 35 % de ellas esgrime como razón principal la “falta de oportunidades”, mientras que el 8,6 % restante responde que “alguien las obligó”.
La coordinadora de Plaperts, Karina Bravo, reclama al Estado ecuatoriano una regularización ya que “los derechos laborales ayudarían a bajar los niveles de violencia”. Exige premura para asegurar la protección social para las personas mayores que no obtienen ningún tipo de prestación.
Las personas en situación de prostitución tampoco pueden acceder a créditos bancarios porque se les solicita un “certificado laboral” que no poseen.
“Nadie nos va a dar un certificado laboral a pesar de que hemos demostrado que somos personas responsables, que pagamos nuestro crédito y que estamos pendientes de nuestras deudas”, asevera Bravo.
Esta realidad contribuye a que muchas mujeres no puedan escapar de este círculo de violencias y de vulneración de derechos.
Pero todo ello, expresa Bravo, también pasa por programas de prevención de la violencia contra las mujeres y de poner fin al “estigma, la discriminación y los estereotipos”.
Nelly Hernández recuerda que el pasado junio se entregó a la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) el proyecto de Ley Orgánica que Dignifica el Trabajo Sexual, con el objetivo de que estas mujeres tengan un seguro social y se acabe con las violencias y las condiciones precarias.
Ahora el Consejo de Administración Legislativa tiene que estudiar el borrador para después pasarlo a una comisión de la Asamblea y, por último, llevarlo a debate en el pleno.
Aún queda un largo recorrido y Hernández asegura que si este proyecto de ley no es aprobado, interpondrán una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte IDH.
Fuente: https://efeminista.com/codigo-rojo-violaciones-mujeres-prostitucion-ecuador/
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