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Por LUCÍA BÉCQUER

El informe «Reaching for the right to higher education: Evidence from 15 countries«, elaborado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC), representa uno de los esfuerzos más ambiciosos por sistematizar experiencias nacionales sobre el derecho a la educación superior. Basado en estudios de caso realizados en países de distintas regiones del mundo, el informe analiza cómo los marcos legales, las políticas públicas y las prácticas institucionales han avanzado o limitado la realización efectiva de este derecho humano fundamental.

LUCÍA BÉCQUER

Acceso, éxito y justicia social: una visión integral del derecho a la educación superior

Uno de los principales aportes del informe es el enfoque de justicia social para comprender el derecho a la educación superior. Este enfoque no se limita a asegurar el acceso inicial, sino que incorpora también la permanencia, el éxito y el bienestar de los estudiantes. El derecho a la educación superior implica, por tanto, que todas las personas puedan no solo ingresar a una institución de educación superior, sino también culminar sus estudios y beneficiarse de ellos en términos personales, sociales y profesionales.

Esto supone una transformación en la forma en que tradicionalmente se ha concebido la educación superior. A menudo se ha privilegiado una visión meritocrática que, bajo la apariencia de neutralidad, ha reproducido desigualdades estructurales. El informe de UNESCO IESALC propone superar esta lógica, colocando en el centro la equidad y el reconocimiento de las diversas trayectorias y puntos de partida del estudiantado.

Se subraya que el éxito estudiantil no puede reducirse a la graduación o a indicadores de rendimiento académico. Debe entenderse como un proceso de desarrollo integral, que incluye el bienestar emocional, la participación en la vida universitaria, el desarrollo de la identidad y la preparación para una vida plena y activa en la sociedad. En este sentido, el informe promueve una visión humanista de la educación, donde la realización del derecho a la educación superior está vinculada al florecimiento de las personas y las comunidades.

Este enfoque también obliga a replantear el papel de las instituciones de educación superior. No se trata únicamente de abrir sus puertas, sino de transformar sus estructuras, culturas y prácticas para acoger, acompañar y hacer prosperar a una población estudiantil diversa. Esto requiere políticas activas de inclusión, apoyo académico y psicosocial, y una gobernanza que escuche y responda a las voces estudiantiles, en especial las de aquellos grupos históricamente marginados.

El derecho a la educación superior implica, por tanto, que todas las personas puedan no solo ingresar a una institución de educación superior, sino también culminar sus estudios y beneficiarse de ellos en términos personales, sociales y profesionales

El informe destaca que garantizar el derecho a la educación superior en su sentido más amplio es una condición para la justicia social y la cohesión democrática. En un mundo marcado por crecientes desigualdades, crisis ambientales y transformaciones tecnológicas, la educación superior debe ser un espacio de empoderamiento, pensamiento crítico y construcción de ciudadanía global.

La financiación: una de las mayores barreras para la equidad

El acceso equitativo a la educación superior sigue siendo profundamente condicionado por las posibilidades económicas de los estudiantes y sus familias. Esta es, según el informe, una de las barreras más persistentes y difíciles de superar, especialmente en contextos donde la educación superior no es gratuita o donde los sistemas de ayuda financiera son limitados o ineficaces.

La evidencia recogida en los 15 estudios de caso revela que la mayoría de los países ha adoptado medidas de financiamiento para apoyar a los estudiantes de grupos merecedores de equidad. Estas medidas incluyen becas específicas, subvenciones, préstamos con condiciones preferenciales y, en algunos casos, la eliminación de tasas de matrícula. Sin embargo, la eficacia de estas políticas varía enormemente según su diseño, alcance y articulación con otras políticas públicas.

En países como Brasil (con el programa Prouni), Colombia (Generación E) o Perú (Beca 18), estas iniciativas han permitido ampliar el acceso a estudiantes históricamente excluidos, como los de zonas rurales, comunidades indígenas, afrodescendientes o de bajos ingresos. No obstante, los desafíos persisten: algunas becas cubren solo una parte del costo total, los procesos de postulación pueden ser burocráticos, y no siempre hay seguimiento ni apoyo durante la trayectoria académica del estudiante.

El acceso equitativo a la educación superior sigue siendo profundamente condicionado por las posibilidades económicas de los estudiantes y sus familias

El informe señala que incluso cuando la matrícula es gratuita, existen otros costos asociados a la educación superior que pueden convertirse en barreras significativas: transporte, alojamiento, alimentación, materiales de estudio y acceso a tecnología. Estos factores, que muchas veces no se consideran en los programas de financiamiento, inciden directamente en las tasas de abandono y en la desigualdad en los resultados.

Otra dimensión crítica es la sostenibilidad fiscal de los sistemas de gratuidad. El caso de Chile ilustra cómo la implementación de la educación superior gratuita, aunque ha logrado reducir brechas, enfrenta límites financieros y desafíos estructurales, sobre todo en contextos de desaceleración económica. Esto subraya la importancia de articular la financiación con un compromiso de largo plazo por parte del Estado, así como con mecanismos de control de calidad y equidad institucional.

El informe hace un llamado a rediseñar las políticas de financiamiento desde una lógica de justicia social. Esto implica no solo aumentar la inversión pública, sino también repensar los criterios de asignación, simplificar los trámites, garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan, y complementar las medidas económicas con apoyos académicos, emocionales y sociales que favorezcan el éxito y la permanencia.

El informe hace un llamado a rediseñar las políticas de financiamiento desde una lógica de justicia social

Una tipología innovadora para analizar las políticas

Una de las contribuciones metodológicas más relevantes del informe de la UNESCO IESALC es la propuesta de una nueva tipología para clasificar y analizar las políticas vinculadas al derecho a la educación superior. A diferencia de clasificaciones anteriores que se centraban únicamente en la distinción entre políticas monetarias y no monetarias, esta tipología contempla una gama más amplia y compleja de instrumentos. Estas políticas abarcan desde la financiación directa a los estudiantes (como becas, subvenciones o préstamos), hasta medidas de orientación y acompañamiento, desarrollo de infraestructura en zonas desatendidas, creación de rutas educativas alternativas, acciones afirmativas mediante cuotas, y regulación normativa que obliga a las instituciones a asumir compromisos explícitos con la equidad.

El valor de esta tipología no reside únicamente en su carácter analítico, sino también en su utilidad práctica para el diseño, evaluación y comparación de políticas públicas. Los estudios de caso muestran que los países no utilizan un solo tipo de política, sino combinaciones de instrumentos adaptados a sus contextos específicos. Por ejemplo, mientras algunos países han apostado por cuotas acompañadas de apoyo financiero, otros han priorizado la expansión territorial de las instituciones de educación superior o el reconocimiento de trayectorias técnicas y no tradicionales como vías válidas de ingreso.

La tipología permite identificar vacíos y áreas de oportunidad. Algunos países, por ejemplo, carecen de políticas robustas de orientación e información, lo cual limita el aprovechamiento de otras medidas más estructurales. En otros casos, la regulación existe pero no se acompaña de mecanismos efectivos de fiscalización y sanción, debilitando su capacidad transformadora.

No basta con tener programas amplios; es necesario asegurar que estén diseñados e implementados pensando en las múltiples barreras que enfrentan los estudiantes en función de su género, etnia, situación socioeconómica, discapacidad u orientación sexual

El informe también advierte sobre la necesidad de que estas políticas se construyan desde un enfoque de equidad e interseccionalidad. No basta con tener programas amplios; es necesario asegurar que estén diseñados e implementados pensando en las múltiples barreras que enfrentan los estudiantes en función de su género, etnia, situación socioeconómica, discapacidad u orientación sexual. Por eso, el uso de esta tipología debe ir acompañado de un análisis cualitativo de los impactos reales en la población estudiantil. La tipología propuesta por UNESCO IESALC se presenta como una herramienta potente para fortalecer la acción pública, facilitar el aprendizaje entre países, y avanzar hacia políticas más coherentes, integrales y orientadas al cumplimiento efectivo del derecho a la educación superior.

Grupos merecedores de equidad e interseccionalidad: un cambio de mirada

Uno de los aspectos más transformadores del informe de UNESCO IESALC es su enfoque sobre los llamados “grupos merecedores de equidad”. A diferencia del término tradicional “grupos en búsqueda de equidad”, que sugiere una acción por parte del individuo para alcanzar un estándar socialmente dominante, el concepto de grupos merecedores de equidad desplaza la responsabilidad al sistema educativo. Es el sistema el que debe adaptarse, reformarse y abrirse para reconocer la dignidad y los derechos de personas que han sido históricamente marginadas o excluidas.

Estos grupos incluyen, entre otros, a personas racializadas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres, personas LGBTQ+, comunidades rurales y remotas, personas desplazadas forzosamente y estudiantes provenientes de contextos de pobreza. La inclusión de estas categorías no debe verse como un ejercicio simbólico, sino como una invitación a realizar transformaciones concretas en las políticas educativas, los entornos institucionales y la cultura universitaria.

El informe también subraya la importancia del enfoque interseccional para abordar la complejidad de las desigualdades. Esto implica reconocer que las personas no viven una sola forma de discriminación o exclusión, sino que sus experiencias están atravesadas por múltiples factores simultáneos. Por ejemplo, una mujer indígena con discapacidad enfrenta barreras distintas y más complejas que una mujer urbana sin discapacidad. Las políticas, por tanto, deben ser diseñadas para captar y responder a esta intersección de desigualdades.

Es el sistema el que debe adaptarse, reformarse y abrirse para reconocer la dignidad y los derechos de personas que han sido históricamente marginadas o excluidas

Adoptar esta perspectiva supone también repensar los indicadores y los mecanismos de evaluación. No basta con desagregar los datos por género o etnia; es necesario comprender cómo se combinan estos factores en la práctica y cómo afectan la trayectoria educativa de cada estudiante. Asimismo, el informe insiste en la necesidad de escuchar directamente las voces de los propios grupos merecedores de equidad. Las soluciones no pueden imponerse desde arriba ni desde una mirada tecnocrática: deben construirse con la participación activa y significativa de quienes han vivido la exclusión.

El cambio de mirada que propone este enfoque obliga a las instituciones de educación superior a revisar críticamente su historia, su cultura y sus prácticas. No es suficiente con abrir las puertas; es necesario transformar las estructuras que generan desigualdad y exclusión. Esto incluye revisar los currículos, los métodos de enseñanza, los criterios de evaluación, los mecanismos de gobernanza y la formación del profesorado. Solo así se podrá avanzar hacia una educación superior que sea verdaderamente inclusiva, equitativa y al servicio de la justicia social.

Recomendaciones para una agenda transformadora

El informe de UNESCO IESALC no se limita a diagnosticar los problemas que enfrenta el derecho a la educación superior. También propone un conjunto de recomendaciones estratégicas que buscan orientar las políticas públicas hacia una transformación efectiva del sistema. Estas recomendaciones se basan en las evidencias recogidas y en los principios del enfoque de derechos humanos, equidad e inclusión.

En primer lugar, se propone eliminar progresivamente los costos que recaen sobre los estudiantes, avanzando hacia modelos de gratuidad o subvención suficiente, especialmente para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Esta medida debe ir acompañada de una planificación financiera sostenible por parte del Estado, así como de una redistribución de recursos dentro del sistema para garantizar la equidad sin comprometer la calidad.

En segundo lugar, se recomienda establecer marcos regulatorios claros que garanticen no solo el acceso, sino también el éxito académico. Esto implica que los Estados deben asumir un rol activo como garantes del derecho a la educación superior, no delegando completamente en las instituciones su cumplimiento. La regulación debe estar acompañada de mecanismos eficaces de monitoreo, evaluación y sanción cuando se detecten prácticas discriminatorias o excluyentes.

Lo importante es que las políticas se orienten a garantizar de manera efectiva, integral y sostenible el derecho a la educación superior como un bien público, un derecho humano y un motor de transformación social

En tercer lugar, se destaca la necesidad de garantizar el acceso igualitario a las diferentes formas de provisión educativa. Esto incluye no solo las universidades tradicionales, sino también las instituciones técnicas, tecnológicas y las modalidades virtuales. Reconocer la diversidad de opciones y asegurar que todas ellas sean de calidad y estén igualmente valoradas es fundamental para democratizar el sistema.

La cuarta recomendación apunta a mejorar la base de datos e información sobre el sistema de educación superior. La toma de decisiones debe estar sustentada en datos desagregados por variables como género, etnia, territorio, discapacidad, entre otras. Contar con información precisa permite diseñar políticas más eficaces, realizar diagnósticos adecuados y evaluar el impacto real de las intervenciones.

Finalmente, el informe subraya la oportunidad de aprovechar las tecnologías digitales como herramienta de inclusión. Esto implica no solo garantizar el acceso a dispositivos y conectividad, sino también repensar las metodologías pedagógicas y los diseños curriculares para hacerlos más accesibles, interactivos y adaptables a las diversas realidades del estudiantado.

Estas recomendaciones no deben entenderse como una receta única, sino como orientaciones estratégicas que pueden adaptarse a los contextos específicos de cada país. Lo importante es que las políticas se orienten a garantizar de manera efectiva, integral y sostenible el derecho a la educación superior como un bien público, un derecho humano y un motor de transformación social.

Fuente: https://www.espaciosdeeducacionsuperior.es/21/04/2025/la-educacion-superior-como-derecho-humano-lecciones-desde-15-paises/