Por Sylvia Schmelkes

El cambio de titular de la SEP nos lleva a reflexionar sobre las prioridades que debiera plantearse la nueva administración, esperando que pueda convertirse en una oportunidad para corregir importantes desviaciones del actual régimen, así como una oportunidad de enfrentar adecuadamente los estragos educativos que deja la pandemia. Hacerlo obedece a preocupaciones que muchos compartimos con relación a las grandes contradicciones que encontramos entre los cambios constitucional y legislativos llevados a cabo por este gobierno, y la política y el presupuesto educativo con el que hemos trabajado desde el 15 de mayo de 2019, fecha en la que se modificó el artículo 3.° Constitucional.

Lo que sigue no es una propuesta programática. Es más bien una exigencia de congruencia con los principios que atinadamente, me parece, el legislativo dejó establecidos en la reciente modificación del artículo 3.° de nuestra Constitución.

Una prioridad central —anunciada en la reforma al artículo 3.°— es la atención al personal docente. Si realmente fuera prioridad su revaloración, que sin duda es necesaria y conveniente, esperaríamos un fortalecimiento académico de sus procesos de formación inicial; en este caso, el presupuesto para la mejora de las normales en el presupuesto educativo 2021 se redujo a cero. La profesionalización de quienes están en servicio tendría que ser una prioridad, porque la valoración de la sociedad del magisterio depende de su profesionalismo. Desde mi punto de vista, profesionalizar al magisterio significaría otorgarle mucha mayor autonomía en la toma de decisiones pedagógicas, al mismo tiempo que se le ofrece el apoyo necesario para que estas decisiones sean las más adecuadas a los contextos específicos en los que se desarrollan. Los apoyos que debiera ofrecer el Estado para dicha profesionalización son procesos formativos formales; sobre todo para fortalecer los conocimientos disciplinares y para alcanzar un cercano acompañamiento de parte de personal calificado a su práctica docente y a sus procesos de planeación y evaluación. Esto mismo debiera aplicarse a los directores escolares que requieren, además de una formación en gestión escolar, un acompañamiento cercano al diseño de sus planes de mejora escolar y a los procesos de fortalecimiento del equipo docente. La prioridad es que se tomen en serio el espíritu del artículo 3.° de poner en el centro de la política educativa al docente y su profesionalización.

Muy vinculado con lo anterior se encuentra la necesidad urgente, señalada como tal por estudiosos de la educación a lo largo de varias décadas, de avanzar hacia la descentralización de la educación. No sólo ni principalmente a nivel de las entidades federativas —propósito no logrado hasta la fecha—, sino fundamentalmente a nivel de cada escuela, con el apoyo respetuoso del supervisor de la zona escolar. Ello sería congruente con el reconocimiento de la autonomía de docentes y directivos, y es crucial para lograr que los aprendizajes sean más relevantes en los contextos y más pertinentes para los sujetos. También es esencial para lograr que la participación de comunidades y padres de familia cobre sentido. Para aspirar a ello, es necesario definir lo que todos los niños, niñas y jóvenes, independientemente el lugar donde se encuentren, deben aprender.  Ello debe buscarse por consenso a nivel de la sociedad nacional. Supone, además, descargar el currículo obligatorio de manera radical y alimentar un currículo complementario no sólo con lo que ofrecen las autoridades educativas nacional y local, sino con lo que cada escuela y zona escolar vaya generando.

Relacionado con lo anterior, más importante aún, se encuentra la necesidad de tomarse en serio el carácter inclusivo que la reciente reforma del artículo 3.° le da a la educación nacional. Es indispensable que se trascienda la visión que hasta la fecha ha mostrado la política educativa de este régimen de reducir la inclusión al acceso al sistema educativo y de destinar la mayor parte de los recursos que no se van a la operación ordinaria a becas, muchas de ellas universales y por lo tanto regresivas, que favorecen el acceso, pero no necesariamente la permanencia y menos aún el aprendizaje. La inclusión, en su sentido profundo, se refiere a incluir en el aprendizaje a todas y todos, lo que sólo se logrará si éste tiene sentido para quien aprende. Incluir en los aprendizajes significativos requiere atender a las necesidades propiamente pedagógicas de la educación. Esto significa asegurar que los insumos y los contenidos educativos, así como las metodologías y prácticas docentes, logren involucrar a los estudiantes en un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y valores en los que ellos y ellas sean agentes activos. Para lograr la inclusión es necesario proceder con equidad, lo que significa ofrecer más y diferentes recursos y atención a los que más lo necesitan. Hacerlo así también haría justicia a la definición del recién reformado artículo 3.°, que estipula que la educación nacional será equitativa.

Sin duda un reto será atender la educación durante la pandemia. Mientras las escuelas sigan cerradas, será necesario continuar con lo que ya se diseñó, pues parece ser la única manera de procurar enriquecer los ambientes de aprendizaje en el hogar. Sin embargo, es necesario brindar mayores y mejores apoyos a los docentes para que logren tener algún tipo de contacto con sus alumnos. Lo que ha ocurrido con la educación durante la pandemia es una verdadera tragedia: habrá como consecuencia déficits de aprendizaje, sobre todo en habilidades fundantes; crecerá el abandono escolar en todos los niveles; los docentes tendrán que enfrentar emociones no resueltas que trajo consigo la pandemia y el confinamiento, y —lo más grave— habrán aumentado las brechas de aprendizaje entre alumnos y alumnas de zonas rurales y urbanas, de mayor o menor nivel de ingresos familiares, de zonas de mayor y menor marginación, y pertenecientes y no a familias indígenas.

El principal reto es, entonces, el regreso a clases; será en este momento cuando tendremos que poder resarcir los estragos que dejó la pandemia, recurriendo —es la propuesta— a los principios establecidos en el artículo 3.°. Habrá que diferenciar a las y los alumnos de cada escuela por su nivel de aprendizaje y diseñar estrategias diferenciadas para su atención. Sin duda habrá que jerarquizar los propósitos de aprendizaje y privilegiar el desarrollo de las habilidades fundacionales y de todo aquello que se perdió por la falta de convivencia: el desarrollo de las habilidades para trabajar en equipo, para asumir responsabilidades sobre otros, para discutir críticamente asuntos cercanos y lejanos que nos afectan, para aprender a solucionar conflictos. Tendrán las escuelas que hacerse cargo de los problemas emocionales de alumnos y alumnas, y también de las y los docentes, que trajo consigo la pandemia. Será necesario diseñar estrategias para recuperar a los estudiantes que abandonen la escuela, algunas de las cuales requerirán de medidas intersectoriales. Sabemos que las brechas aumentarán; ojalá pueda aprovecharse la oportunidad para atender estas prioridades del regreso con equidad, es decir, atendiendo más y mejor a quienes más sufrieron durante esta crisis. Los retos son de tal dimensión que la planeación ya tendría que haber comenzado desde hace tiempo. Ahora habrá que hacerlo de forma apresurada, porque requerirá inversiones especiales y actividades intensivas de formación y acompañamiento de docentes y directivos.

Lo anterior se suma a la necesidad de atender los problemas de nuestro sistema educativo nacional que ya existían antes de la pandemia, y que se manifiestan en la enorme desigualdad en infraestructura, insumos, procesos y resultados y en el escaso aprendizaje de los estudiantes, sobre todo de los que se encuentran en mayor desventaja. También habrá que ampliar la matrícula en educación media superior, pues estamos aún lejos de hacerla universal en 2022, como se prometió, sobre todo al tomar en cuenta que no se había avanzado nada antes de la pandemia. La reciente reforma del artículo 3.° prevé hacer universal y gratuita la educación superior y decreta la creación de un fondo para lograrlo, que no se ha constituido, por lo que el propósito resulta inalcanzable. Está además el eterno reto de hacer del derecho a la educación una realidad también para la población adulta, a la que prácticamente hemos abandonado educativamente.

Todo lo anterior requiere recursos, y ahora serán más escasos. Lo difícil será administrar la escasez, tener la posibilidad de destinar los pocos recursos a acciones estratégicas como las mencionadas, y distribuirlos de tal forma que hagamos honor a una educación que queremos llamar “equitativa”.

Pero, desde mi punto de vista, el reto mayor será el de recuperar la percepción, tanto en el gobierno como en la sociedad, de la importancia de la educación. La educación es indispensable para fundar un futuro diferente para el país. Una educación equitativa es capaz de mitigar el peso del origen económico y cultural sobre el logro escolar y, con ello, de constituirse en el mecanismo igualador social por excelencia. La educación no es una concesión —es un derecho— y ha de ser entendido como el derecho a aprender. Un muy buen artículo 3.° puede quedarse en buenos deseos si seguimos como íbamos en los primeros meses de esta administración, antes de que llegara la pandemia, durante los cuales no vimos acciones tendientes a valorar a las y los docentes, a promover la equidad, a ampliar la cobertura de educación superior, a asegurar la interculturalidad, ni políticas orientadas a enfrentar los problemas preexistentes. Tampoco fuimos testigos de la preocupación de la sociedad por trascender esta simulación, más allá de esfuerzos loables como el de este blog y los de Faro Educativo, Educación Futura, Signos vitales, a los que agradecemos su preocupación por proporcionar información que fundamente una visión crítica y constructiva de la educación en el país.

Ojalá que con la llegada de una nueva titular a la SEP, la maestra Delfina Gómez Álvarez, podamos evitar lo que podría significar un sexenio perdido para la educación y, en consecuencia, para el país.

Sylvia Schmelkes
Vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Fuente:

Las prioridades para la nueva secretaria de educación pública