Hace escasos minutos ha terminado la rueda de prensa posterior a la reunión interministerial que ha reunido, por segunda vez, a las y los responsables de Sanidad y Educación de las comunidades autónomas y del Gobierno central para hacer balance del inicio de curso y realizar nuevas propuestas para los próximos meses.

Entre las medidas educativas acordadas por Educación y las comunidades autónomas, destaca la intención del Ministerio de publicar una orden para la flexibilización de los requisitos para la contratación de docentes. El requisito de haber cursado el máster de Secundaria o haber realizado el CAP en su momento, «durante el tiempo que dure el curso de la pandemia», en palabras de la ministra, no será necesario. «Se podrá nombrar interinos a personas que no lo hayan cursado (el master) pero cumplan los demás requisitos si se agotan las listas de interinos y de demandantes de empleo». Eso sí, para estas contrataciones, tendrán que vaciarse las bolsas actuales y las contrataciones que puedan realizarse desde los servicios de empleo.

Según la ministra, muchas han sido las comunidades que han informado de la dificultad de alcanzar las contrataciones previstas en su momento para reforzar las plantillas de los centros. A lo que se suma el que se hayan retrasado las ofertas de empleo público docente hasta 2021.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, José Luis Ruiz, responsable de Pública, asegura a este medio que ni conocían la medida ni les parece positiva. La reticencia principal tiene que ver con la falta de conocimientos didácticos y pedagógicos que arrastrarán las personas que accedan a una plaza interina por este medio.

El responsable sindical critica el hecho de que esta situación se debe a la falta de oferta de empleo público durante años, los recortes y la falta de previsión de las administraciones. Previsión, dice, no por la pandemia, sino porque ha habido muchas especialidades que durante años o no han salido a oposición o con un número de plazas insuficiente, a lo que se suma un empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal docente que presumiblemente habrá influido en el número de personas participantes en los procesos selectivos. A esto se suma la barrera que puede suponer el master habilitanto, principalmente, por el coste que tiene. Además, expresa sus dudas en relación al soporte legal que se utilizará, habida cuenta de que la habilitación del personal docente tiene rango de ley.

Este es uno de los nueve acuerdos alcanzados enter las diferentes administraciones educativas. Además, se contempla también la modificación de las pruebas de acceso a la universidad, «con carácter inmediato», para que, nuevamente, este curso sean similares a las realizadas el curso pasado. «Vamos a aprobar orden ministerial para que las pruebas de acceso a la universidad sigan un modelo similar a las del curso pasado y se adapten a las circunstancias», ha asegurado Celaá.

También se tomarán las medidas necesarias para que el personal docente y los centros educativos puedan adaptar los currículos y las programaciones didácticas. Un acuerdo que ya se formalizó en junio en vistas a la necesidad de recuperar los aprendizajes perdidos durante los meses de confinamiento.

Uno de los problemas que surgieron a final del curso pasado lo tuvieron las y los estudiantes de formación profesional de últimos cursos que tenían que realizar la formación en centros de trabajo (FCT). Ya en su momento se intentó solventar la situación rebajando las horas necesarias hasta las 200 (el mínimo legal). Para este curso, las administraciones educativas, han acordado volver a reducir la duración de los módulos y, además, completarlo en la medida de lo posible con un módulo de proyecto que se integraría en la FCT. Además, se han redactado recomendaciones higiénicosanitarias para aquellos estudios que impliquen la entrada en los centros de personas ajenas, principalmente, en los ciclos relacionados con hostelería, imagen personal o sanitarios.

Garantizar la educación

Este es uno de los mantras más repetidos dese la finalización del curso pasado. Este curso deberá garantizar, por un lado, la mayor presencialidad posible en las aulas y, por otro, garantizar a todo el mundo el acceso a la educación.

Por ello, Ministerio y comunidades han reiterado la obligatoriedad de la formación a tiempo completo, incluso para las aulas que estén en cuarentena. La ministra ha reiterado la necesidad de que haya materiales didácticos disponibles, tanto para la enseñanza digital como a distancia, así como que se potencien las didácticas innovadoras con el objetivo de que «ningún estudiante desatienda su proceso de formación».

A esto se suma que, en este momento, se han firmado ya todos los convenios con las comunidades autónomas dentro del proyecto Educa en digital, que prevé la compra de 500.000 dispositivos que serán prestados por las administraciones educativos a aquel alumnado en desventaja que no disponga de medios para seguir la enseñanza fuera de las aulas. Isabel Celaá ha remitido a las dificultades y tiempos con los que trabaja la administración a la hora de contratar para justificar que hasta navidades no estén disponibles dichos dispositivos.

Junto a la compra de estos equipos, Celaá ha recordado la inversión de 40 millones de euros para la puesta en marcha del programa PROA Plus de refuerzo educativo y lucha contra el abandono escolar temprano.

Por último, la ministra ha anunciado el envío a los territorios de un formulario para la recogida de información entre las diferentes administraciones educativas para tener la mayor cantidad de datos en relación al seguimiento de la pandemia en educación y del propio curso lectivo. Un sistema que también tiene prevista la recogida de información sobre buenas prácticas que puedan estar desarrollándose en los centros educativos.

Según los datos facilitados por las comunidades autónomas al Ministerio, hoy por hoy, hay 2.852 aulas en estado de cuarentena. Un 0,73% del total, según ha confirmado Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior a la reunión. Una situación cambianter, ha confesado, puesto que según los días, los grupos pueden estar volviendo a las aulas al mismo tiempo que otros se cierran. «La apertura y el cierre de aulas será la tónica general de todo el curso escolar», ha comentado la minsitra.

En palabras de Isabel Celaá, no es esta una situación caótica, en respueta a las afirmaciones en este sentido del sindicato STEs. Una situación en la que, en cualquier caso, ha comentado que solo se han tenido que cerrar al completo, dos centros educativos de infantil y primaria. Y, en cualquier caso, no se contempla la posibilidad de una vuelta a la situación vivida en el mes de marzo.

Sea como fuere, la ministra ha dicho que los protocolos higiénico-sanitarios están funcionando en los centros educativos de todas las comunidades autónomas de manera que hay poca incidencia, con cierres de aulas provocados por uno o dos positivos. También ha asegurado que los centros educativos no son focos de contagios y sí de detección precoz.

En relación a la situación que han denunciado sindicatos y organizaciones de familias, sobre todo en la Comunidad de Madrid, de tardanza en hacer pruebas diagnóticas y, por tanto, en poner en cuarentena aulas, la ministra ha asegurado que efectivamente pueden haberse producido estas situaciones y que se está trabajando desde el Gobierno central y el autonómico para ponerle solución.